Y a diferencia del político criminal, el criminal político o el delincuente político es aquel que actúa ilegal o violentamente, pero no motivado por el enriquecimiento propio sino por el bien común.
Pero estas definiciones tan aparentemente claras, porque hacen referencia a lo que debería ser la política e incluso la violencia política, resultan ingenuas frente a lo que es realmente la política y frente al común uso de métodos y grupos criminales en la política.
Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible justificar que para lograr fines altruistas como la salvación de la patria o la redención del pueblo, que parecen fines cercanos al bien común, no sólo se usen métodos propios de los criminales, sino que también se use funcionalmente a los grupos criminales para lograr esos fines y que los mismos grupos criminales se arroguen roles de salvadores de la patria y redentores del pueblo?
Las prohibiciones al uso de métodos criminales en la política, en los conflictos y en las guerras están contenidas en el derecho penal internacional, en el DIDH y en el DIH con todos sus tratados y protocolos y en una profusa legislación interna; pero a contrapelo de la existencia de ese derecho externo e interno, existen profundas y sofisticadas relaciones entre la criminalidad y la política, sobre todo en un medio permeado por el narcotráfico y en el cual la política es un útil para el enriquecimiento rápido e ilegal; y la riqueza, además de ser un fin en sí misma, es un medio para hacer política.
La constatación de estos hechos es una prueba más de que el mundo de las normas jurídicas es inmensamente reducido frente a los infinitos hechos del mundo real y que aun la más técnica, sofisticada y amplia normatividad apenas si logra ser un pequeño y desdibujado mapa del mundo de los hechos.
En este escrito sobre el asunto me permito presentar algunas consideraciones basadas en un análisis ético del problema, que resulta pertinente porque más allá de la legislación vigente e incluso de la política criminal y de las acciones policivas y jurídicas cuya eficacia es loable pero relativa existe una cultura política muy extendida y una moralidad muy común que tienen empañadas las fronteras entre lo criminal y lo político, y esta actitud no sólo se da entre muchos líderes políticos, sino también entre un considerable número de ciudadanos comunes que, por paradójico que parezca, no son, sin embargo, criminales en acción.
La clásica distinción de Max Weber entre ética de los principios y ética de los resultados nos permite hacer algunas consideraciones sobre esa especial cultura que ve borrosas las relaciones entre la criminalidad y la política.
La ética de los principios presupone la existencia de un valor que se adopta como principio, axioma y medida de toda acción; y en cuanto tal sirve de criterio y medida para valorar como positivas y eficientes desde el punto de vista técnico, o como buenas desde el punto de vista moral, todas las acciones que se adecúen al principio; y, por el contrario, se valoran como ineficientes técnicamente o malas moralmente las que no tengan sindéresis con ese principio.
La ética de los resultados, en cambio, presupone la existencia de un fin respecto del cual se valoran como eficientes o ineficientes, malas o buenas, todas las acciones conducentes a su realización.
En apariencia, existe una gran diferencia entre ambas éticas porque la principialística es dogmática y la ética de los resultados es pragmática; en el sentido de que en la primera la idoneidad técnica o moral de los medios depende de su capacidad para ser consecuentes con el principio, lo cual hace que la tolerancia de sus acciones correctas sea cerrado (ortodoxo); y en la segunda dependen de su eficiencia en el logro de los resultados esperados, lo cual permite que el espectro de las posibilidades de elección de acciones correctas sea más abierto (heterodoxo).
La primera ha sido propia de las iglesias, de las cortes en general, de los clubes, de las academias, de las capillas doctrinales y de los grupos cerrados, uniformes, exclusivos, esotéricos, sincréticos, concéntricos, formales, corporativos y orgánicos, que regularmente actúan más por exclusión que por inclusión.
Y la segunda ha sido más propia de las plazas públicas o de los grupos abiertos, excéntricos, exotéricos, exóticos, informales, menos orgánicos y que en general actúan más por inclusión que por exclusión.
Y no lo digo sólo metafóricamente, porque en general, la primera es propia de poderes instituidos y constituidos y la segunda de poderes instituyentes y constituyentes; la primera es cerrada y sedentaria y la segunda es abierta y nómada; la primera es característica de los estatus normales y la segunda de los estatus de anormalidad.
Por supuesto hay que decir que entre esas dos éticas polares existe un caleidoscopio de éticas híbridas, por ejemplo, la que es propia del relativismo ético, la que se basa en el cálculo de los promedios, la del cinismo, del hedonismo, del cálculo racional de costos y beneficios, la que es propia del miedo, o las que son propias de las religiones y, por supuesto las que mezclan todas las anteriores.
Para analizar las relaciones entre criminalidad y política desde un punto de vista ético -que implica las relaciones entre derecho, moral y política- es muy ilustrativo tener en cuenta una de las consecuencias de la especial revolución copernicana que produjo Maquiavelo en el análisis de la política.
Tal consecuencia consiste en que una acción política no se juzga con apego a una moralidad del pecado o a un canon religioso basado en la dicotomía entre lo bueno y lo malo, lo pío y lo impío, sino fundamentalmente en términos de su eficacia para el acceso al poder y para su sostenimiento.
En este sentido, la eficacia técnica es buena y, viceversa, la ineficacia técnica es mala; la nueva moralidad política es la técnica del poder en la que lo bueno es lo eficaz.
Después de ese quiebre epistemológico de Maquiavelo, que luego es elevado a la categoría de teoría política por Hobbes, la política comienza a ser un arte o una técnica y no una especial disposición de la naturaleza social del hombre como en la tradición aristotélica.
Pero también se produce otra consecuencia para el análisis de las relaciones entre el derecho y la política, en el sentido de que desde allí se vislumbra con claridad la diferencia entre las normas jurídicas morales de carácter subjetivo y privado y las leyes jurídicas civiles, o propiamente jurídicas, de carácter intersubjetivo y público.
Y más concretamente se establece la diferencia entre moral y derecho, entre conducta moral y conducta penal, entre violación de una ley moral y violación de una ley civil, entre castigo moral y castigo penal, y, en fin, entre pecado y crimen.
En estas consecuencias puramente epistemológicas no hay nada de maquiavelismo, sino sólo una distinción conceptual que proporciona mucha claridad a la teoría política. Ya he dicho en otras partes que Maquiavelo no era maquiavélico, pero que sí sentó las bases teóricas para el maquiavelismo, que ya había nacido, mucho antes que él, a la par con la puesta en obra del deseo de poder.
En efecto, aunque se tenga en cuenta esa claridad teórica, en la práctica ocurre que entre el derecho, la moral y la política existe una inmensa y gaseosa franja de posibilidades de acción que, puesto que no están prohibidas, están permitidas; y en esa franja sobreviven las borrosas fronteras entre la criminalidad y la política, aparte del hecho de que uno de los poderes del poder es acomodar jurídicamente lo no prohibido y en esa franja radica la posibilidad del uso maquiavélico de Maquiavelo.
Y de paso debemos decir que este es uno de esos hechos de la historia de las ciencias en los que un descubrimiento científico -que en este caso corresponde a los inicios de la ciencia política moderna-, se convierte y se usa como ideología política.
Para una mayor claridad de la relación que estamos examinando, debemos tener en cuenta que en un contexto de radicalización de la política en el cual se eleva la enemistad hasta su grado absoluto en el sentido de Carl Schmitt, como sucede en las guerras, en situaciones de crisis, anormalidad, revolución o hecatombe, en los casos difíciles y aun en los muy socorridos casos de "conmoción", las dos éticas terminan identificándose porque ya no se usa la distinción de Maquiavelo en sentido teórico sino que se adopta simple y llanamente el maquiavelismo del cual se concluye que en esas circunstancias, como diría el mismo Weber, "se puede sacrificar a un hombre para salvar al mundo o se puede sacrificar al mundo para salvar a un hombre", o que se sacrifique un articulito o que se justifiquen los falsos positivos, o uno que otro secuestro, queriendo decir con ello que cualquier medio es válido en ambas éticas bien cuando se trate de salvar un principio, o bien cuando se trate de conseguir un resultado.
Al elevar a la categoría de valor supremo un principio o un resultado, este último termina convirtiéndose en principio axiomático de toda acción y el principio en el resultado ineludible e inexorable de toda acción.
Los extremos terminan por coincidir. No se trata sólo de que se conviertan los medios en fines o los fines en medios, sino de una dislocación total del esquema. Lo que el maquiavelismo hace es convertir la eficacia en el valor supremo de la política porque ésta tiene al poder como un fin en sí mismo, con prescindencia de cualquier valoración sobre el contenido de los medios; y como consecuencia de esa conclusión no se considera que exista maldad o pecado en la relación entre criminalidad y política si ella es técnicamente eficaz para el acceso y el mantenimiento del poder.
Si es muy generalizada una cultura política basada en la identificación de esas dos éticas que resultan siendo una sola, en la que lo eficaz es lo bueno, bien que se trate satisfacer un principio o de lograr un resultado, no podría sorprendernos que una larga lista de hechos como el cultivo y el procesamiento de drogas ilícitas, el control sobre rutas de narcotráfico, el expendio nacional e internacional, el control y vigilancia de laboratorios, la importación de insumos para estupefacientes, el comercio de armas, la repatriación y lavado de dineros procedentes de esas actividades, la institucionalización de la economía ilegal en actividades legales, la actividad de los grupos de delincuentes "lumpenburgueses" encargados de funciones específicas que incluyen las más sofisticadas formas de administración ilegal de bienes, el servicio profesional de asesorías jurídicas, contables, científicas y técnicas con fines ilegales, el manejo exquisito de relaciones públicas en la captación de contratos y la diplomacia del cabildeo en las corporaciones públicas, la influencia en las decisiones cruciales de esas corporaciones mediante los testaferros políticos, y la actividad de delincuentes "lumpenproletarios" dedicados al sicariato a la carta, al secuestro y la extorsión, la venta al menudeo de drogas en plazas, ollas y ollitas estratégicamente situadas en sitios de concurrencia juvenil en los cuales se induce con probaditas y, en fin, no debería sorprendernos que toda esa larga y aún incompleta lista de hechos llegue a conformar un fenómeno que influya ya no sólo sobre la política criminal sino sobre el destino político de una ciudad y de un país y que llegue a ser parte de la estrategia de un ejército regular que enfrenta a un ejército insurgente, y que éste a su vez, y contra todos sus ideales políticos originarios, termine entrampado en el negocio más salvaje del capitalismo moderno que pretende derrumbar; y no puede sorprendernos porque todo eso sólo quiere decir que las fronteras entre la ética de la criminalidad y la de la política son borrosas.
Y, paradójicamente, una de las consecuencias de esas borrosas fronteras es política. En efecto, en muchas ocasiones hemos llegado al punto en el que los actores criminales ya no sólo tienen capacidad de manejar los negocios criminales para la prevención, contención y represión de los cuales están diseñadas las políticas criminales, sino que esos mismos actores adquieran también la capacidad de influir en la manera de tratar los conflictos sociales y políticos que son consecuencia de su propia actividad criminal, en un salto que procede de lo cuantitativo a lo cualitativo.
De estos saltos históricos, la mayoría ocasionales y espontáneos, los actores criminales resultan convertidos en actores del conflicto no sólo con estatus de beligerancia sino con estatus político.
No es para nada desdeñable el esfuerzo que muchos gobiernos y agencias policiales del Estado han hecho por cercenar ese circuito entre la criminalidad y la política para tratar de evitar que el fenómeno llegue a un grado de crecimiento en el que su tratamiento traspase los límites del código penal más laxo y se convierta en asunto de la política, es decir, para evitar que den el salto cualitativo; pero tampoco es nada desdeñable el hecho de que el enrarecimiento de las decisiones de política criminal producen paradójicamente nuevos criminales que resultan herederos de la misma actividad criminal.
Parece un contrasentido que una política criminal produzca criminales. Pero no. Porque infortunadamente se nos ha vuelto común que en el conflicto interno se usen ya no sólo medios criminales para derrotar al enemigo que es una actividad proscrita legalmente por el derecho internacional, sino que también es común que se usen los grupos criminales para fines políticos, por ejemplo, para lograr eficacia en las políticas criminales. Como también nos resulta común que la criminalidad también se use para hacer expeditos los fines de la insurgencia contra el gobierno o el Estado.
Por supuesto que todavía nos falta explicar el misterioso comportamiento de una mayoría de colombianos que tolerando esas borrosas fronteras entre lo criminal y lo político, no son, sin embargo, criminales y, en general, tampoco gustan de la política. Tal vez esa sea la otra cara esperanzadora de esta visión pesimista.
Asoprudea. Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia.
Ciudad Universitaria. Bloque 22 Oficina 107. Teléfonos 2195360. Fax 2636106
Página web. http//Asoprudea.udea.edu.co
