Pareciera que esa es una de las extensiones de la Ley de Justicia, Reparación y Paz. A mi no me parece tan extravagante la pretensión de Ingrid que, al fin y al cabo sólo se basa en cuestiones económicas reparables, como la pena de sólo ocho años impuesta recientemente a un paramilitar, responsable de crímenes de lesa humanidad, esas sí irreparables.
Dura lex, Sed lex. Y si esa es la ley, mal pudiera dejar de aplicarse en razón de elementos subjetivos.
Con base en principios legales, el país tuvo que tragar entero también ese desparpajo moral del hoy Presidente electo, Juan Manuel Santos, cuando defendió, casi como causa propia, la recompensa de 2.500 millones de pesos a que se hizo acreedor el guerrillero “arrepentido” Rojas, que apareció un día con la mano cercenada de su comandante en jefe, Iván Ríos, como prueba reina de su derecho a la recompensa.
Que Ingrid reclame ahora reparación, parece normal, tanto más en una aventurera política como es ella, y en una venida a más como lo es toda su familia materna, célebre a partir de una reina de belleza que también sabemos ya cómo se hacen las reinas y los reinados de belleza.
Este es un tema de un fondo insondable. Pareciera más económico resarcir ahora a Ingrid de una vez y por todas, a adquirir ad eternum hipotecas políticas con herederos de mártires por acción u omisión del Estado, que nunca acabamos de saldar.
No se espeluquen, porque además –me suena- todo no pasa de ser un episodio más de la tragicomedia de un país que pasa de buscar por todo el mundo a Ingrid para que salude a los últimos rescatados de la “Operación Camaleón” a través del celular del Presidente, a su degradación como villana.
La reclamación de Ingrid es apenas el iceberg de una azarosa lotería que acaban de descubrir los ilustres secuestrados, todo en gracia de la bendita ley de Justicia, Reparación y Paz.
